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Ya hace 22 años que se promulgó la Ley de Planes y Fondos de Pensiones y todavía estamos muy lejos de haber consolidado un sistema de previsión de segundo pilar adecuado. En un país donde la mayoría de los trabajadores no goza de un sistema de previsión social empresarial (menos del 10% se encuentran cubiertos por planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo) y donde no existe una verdadera "cultura" del ahorro individual para la jubilación, es clave el incentivar la extensión de los sistemas del segundo pilar para el colectivo de trabajadores. Seguimos teniendo dos asignaturas pendientes importantes, las PYMES y los planes de empleo sectoriales.
A esto hay que añadir la difícil situación de los mercados financieros y su efecto en la rentabilidad de los Fondos de Pensiones y, especialmente, los problemas de valoración de la renta fija en momentos en que no se cruzan operaciones. En este sentido, desde hace varios años se viene insistiendo a la DGSFP para que desarrolle el mandato reglamentario del artículo 75 para permitir una valoración de este tipo de títulos a coste de adquisición, a semejanza de cómo valoran las compañías de seguros este tipo de activos que se mantienen hasta vencimiento.
Tampoco ayuda a mantener el ánimo elevado la reforma fiscal del año 2006, pues si bien puede considerarse que la previsión social individual ha podido verse mejorada en cuanto a las opciones de elección de nuevos productos y en la disminución de su fiscalidad en algunos productos, no podemos obviar que ha empeorado la fiscalidad de las prestaciones en forma de capital y que se han reducido dramáticamente los límites de aportación a planes de pensiones. Este empeoramiento del régimen fiscal para planes de pensiones ha incidido plenamente en los compromisos de pensiones exteriorizados por las empresas, ya sea voluntariamente por la ley de pensiones de 1987 como obligatoriamente por la ley de ordenación y supervisión de los seguros privados del año 1995. Todo ello ha supuesto un cambio de las reglas de juego cuando el partido ya había comenzado y hace surgir la cuestión que de haberse sabido quizás lo acuerdos finalmente pactados en negociación colectiva habrían sido otros, pues las modificaciones recientemente aprobadas en materia fiscal tienen impacto en coste para las empresas y en derechos de los trabajadores.
Si bien desde la Ley de Planes y Fondos de Pensiones de 1987 se han producido muchas modificaciones fiscales, esta "inestabilidad normativa" no parece ser el mejor aliado para gobernar un sistema a largo plazo como es el ahorro para la jubilación de todos nosotros. Quizás deberíamos pensar, como se hace en otros países, regular los sistemas de previsión social del segundo pilar en normas diferentes a los sistemas individuales, donde se recogieran sus diferentes particularidades, y donde la fiscalidad pudiera ser diferente.
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Absolutamente de acuerdo contigo Carlos.
Ahora que tanto se habla de "brotes verdes" en la economía, hay que recordar que efectivamente la inestabilidad normativa es un pésimo caldo de cultivo para que se desarrolle eficazmente cualquier sistema de canalización del ahorro, máxime cuando estamos hablando de previsión social y fórmulas que los ciudadanos a veces no ven cómo lo más urgente a la hora de planificar sus economías. El problema es doble: de una parte, es consecuencia de una cultura en la que lo público ha ocupado invasivamente espacios que en cualquier economía de nuestro entorno claramente se asienta en la iniciativa privada (piénsese, por ejemplo, en el planteamiento español sobre la dependencia), y dónde los políticos juegan a rehuir debates profundos en la materia en aras a sus visiones cortoplacistas; de la otra, una excesiva timidez de la industria que gira en torno a la previsión social complementaria -y, sobre todo, de sus representantes sectoriales-, a la hora de exigir de esos políticos posiciones definidas y aún arriesgadas en cuanto a ordenación del sistema de planes y fondos pero, sobre todo, en cuanto a sus incentivos fiscales como elementos sostenidos y a largo plazo.
Si ahora se va a reformar seriamente el modelo económico de nuestro país, es tiempo de abrir el debate sobre qué previsión social complementaria se quiere en el nuevo modelo y cómo primar su desarrollo en aras a que empresas y ciudadanos vean satisfechas sus expectativas.
Parece que el debate se ha abierto con un planteamiento que puede ser, cuanto menos discutible. Ahora se da liquidez por desempleo a los planes de pensiones. La pregunta que me hago es: ¿hemos convertido un sistema de ahorro previsión a largo plazo por un sistema de ahorro previsión por desempleo?. Es cierto que la economía Española está atravesando, como la mayoría de economías desarrolladas, una etapa de desaceleración, pero si se incrementan los subsidios y además estos se trasladan desde el sector público al privado, como es el caso (por cierto, nadie en el Gobierno ha hablado del impacto fiscal que tiene que alguien rescate) de la posibilidad de rescate de los planes de pensiones, no estaremos sino tapando un problema para crear uno mayor a futuro.
En un país donde cada vez más se cuestiona la viabilidad del sistema de reparto, la liquidez de uno de los pilares, convierte en frágil el sistema. Esperemos que los partícipes sean conscientes de la necesidad de ahorro a largo plazo.
